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2008-06-29 18:04:26
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RaDiCal
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Dios menosmal que yo no tengo que dar esa asignatura.....si hubiera tenido que darla rodarian cabezas (es un decir)
Lo que nos faltaba, mas asignaturas inutiles pal bote ahora vamos a tener niños muy culturizados pero que no saben ni freir un huevo, (como yo) porque nos han enseñado tanta cultura y tanta pollada que no ha habido tiempo de enseñarnos las verdaderas cosas que hacen falta para vivir...
2008-07-02 11:24:41
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anonimo
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Los directores de IES exigen garantías jurídicas al Consell para dar Ciudadanía
Temen que enseñar la asignatura en inglés vulnere el derecho de los alumnos
Los directores de instituto de la provincia de Valencia acordaron ayer, en un gesto insólito, exigir a la Generalitat que "firme por escrito una garantía jurídica de que impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés no vulnera el derecho de los usuarios a recibir esta asignatura en cualquiera de las dos lenguas oficiales reconocidas constitucionalmente". Asimismo, exigen "la misma garantía de que, al ofrecer la opción B de esta materia, no incumplen ninguna norma de rango superior". La orden valenciana -que está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva en 15 días la suspensión cautelar solicitada por CC OO- permite a las familias objetoras no cursar la asignatura de forma presencial, tutelar el temario de sus hijos y además ser evaluados de forma distinta al resto de materias, lo que podría vulnerar varios decretos. "Ante el conflicto normativo que plantea la orden, los directores tratan de proteger al profesorado de la posibilidad de que cualquier padre o madre pueda actuar jurídicamente contra nosotros para exigir sus derechos constitucionales", aclaró, al término de la asamblea, Vicent Bagueto, de la Asociación Profesional de Directores.
El consejero Alejandro Font de Mora respondió al envite, de inmediato, reafirmándose en su amenaza de sancionar al profesorado que se sume a la campaña de "desobediencia civil" emprendida por numerosos claustros escolares. "No hay otra posibilidad de cumplir la ley más que impartiendo la asignatura en inglés".
El instituto público Ballester Gozalbo de Valencia ratificó ayer, en un comunicado, la decisión acordada por el claustro el pasado 24 de junio de no dar la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, ni organizar la opción B de evaluación "para no ser cómplices de una medida injusta e ilegal, que no se ajusta a derecho". La dirección del centro reiteró, tras la asamblea de directores, que "el decreto de 2007 de la Generalitat establece que la consejería podrá autorizar la implantación de programas plurilingües previa solicitud del centro y tras incorporarlo a su proyecto educativo". Esta "condición" se recoge doblemente en la polémica orden de Ciudadanía que "reconoce la necesidad de que el centro solicite el programa plurilingüe".
Por tanto, la amenaza del consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, de sancionar "sin empleo y sueldo" a los docentes que consumen la llamada "desobediencia civil" no tiene sentido. Ni base jurídica, advierte la dirección del IES Ballester Gozalbo.
"El consejero está en un Estado de derecho y lo único que puede ordenar es a su director general de Personal la apertura de expedientes disciplinarios, que tendrá que cumplimentar un instructor y que, si ha lugar, concluirán con una sanción que al final si acaba en los tribunales serán los jueces quienes sentencien si era correcta o no", puntualizó en la misma dirección Luis García Trapiello, experto en jurisprudencia del área educativa de CC OO.
"Desobediencia civil"
Tanto CC OO como el STEPV han dado "instrucciones" a las juntas directivas y a sus claustros para que "apliquen en sentido literal la legalidad del decreto de la Generalitat 2007". Y Vicent Mauri, del STEPV, defendió "el acuerdo [de ayer] de los directores de Secundaria de animar a los centros a impartir la asignatura de Ciudadanía en su opción A -la curricular- y en valenciano o castellano".
"Son decenas los claustros que se han pronunciado ya. Y esta oleada de desobediencia civil del profesorado y los centros está poniendo muy nervioso al consejero, que no ve otra opción más que la de amenazar", remató Mauri, que añadió: "El consejero no se atreve a dar las garantías jurídicas y por escrito de que la aplicación de su orden no vulnera ninguna norma superior, pero sí envía a la inspección a dar instrucciones a los centros para que asignen al profesorado, con independencia de que sepan o no inglés".
2008-07-02 12:41:02
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anonimo
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me gustaria saber que ponen en los libros de esta asignatura, si alguien lo sabe que me lo diga,
2008-07-03 00:20:04
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anonimo
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Mensaje eliminado por los lectores
2008-07-03 15:58:59
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anonimo
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Dedicado a los de izquierdas que tan demócrtas ellos han aliminado el anterior mensaje que solo contenía la siguiente dirección:
www.epcno.org/epcno/index.cfm
2008-07-03 18:40:24
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anonimo
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"Educación para la Ciudadanía en inglés"
Leo en el programa del Partido Popular 2008: «Las ideas claras. Construir España entre todos:
177. Los españoles tienen derecho a elegir el idioma en el que educar a sus hijos.
178. El consenso que hizo posible la Constitución se extendió también a un pacto en torno a los símbolos que nos representan a todos. Estos símbolos son un patrimonio que todos debemos respetar.
179. La lengua no puede convertirse en un factor de discriminación ni una barrera cultural para restringir derechos, impedir la movilidad geográfica, o romper la unidad de mercado.
180. Determinadas políticas de imposición lingüística han convertido lo que era un elemento de riqueza cultural, en un factor de discriminación y han transformado en una obligación lo que hasta ahora era un derecho: el conocimiento y uso de una lengua cooficial.
181. La falta de respeto a los símbolos o el incumplimiento de las leyes que los regulan y protegen, es un ataque a nuestro modelo constitucional».
¿Estas ideas claras valen para la Comunidad Valenciana? Aquí los padres no pueden elegir el idioma en el que educar a sus hijos en una asignatura de la ESO: Educación para la Ciudadanía. Se les impone que la educación sea en inglés. No está bien hacer trampas en la vida pública. Es inmoral.
José Mª Gonzálvez Pérez
2008-07-05 02:13:28
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anonimo
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El Gobierno recurre la orden del Consell de Ciudadanía en inglés
La Generalitat insiste en que los rebeldes "se atengan a las consecuencias"
El Gobierno presentó ayer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana contra la orden de la Generalitat que obliga a impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía en inglés por considerar que "incumple la ley" y "asume competencias que corresponden de manera exclusiva a los centros educativos en materia de organización y en el proyecto educativo propio de cada centro". A través del Ministerio de Educación, el Gobierno ha solicitado "la nulidad de pleno derecho" de la norma valenciana y "la suspensión cautelar" para que no entre en vigor cuando empiece el próximo curso escolar, en septiembre, según explicó en rueda de prensa la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, informa Antia Castedo.
"El recurso prueba que la orden es ilegal", coinciden los sindicatos
Directores y docentes agradecen al ministerio el apoyo jurídico
La norma valenciana establece dos opciones para cursar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos: la opción A, que es la curricular pero deberá ser impartida en inglés; y la opción B, en la que los padres seleccionarán la parte del temario con la que quieren que sus hijos se examinen a través de un trabajo trimestral, sin tener que asistir a las clases presenciales.
El Gobierno socialista considera que el Ejecutivo autonómico del PP "incumple la ley y entorpece que se cumplan los objetivos pedagógicos de la asignatura", añadió Almunia. El ministerio había recurrido el decreto de currículo de esta asignatura desarrollado por seis Ejecutivos autonómicos del PP, menos el valenciano. No obstante, el paso dado ayer contra la orden de aplicación pidiendo la "nulidad" y "suspensión cautelar" supone un doble revés para el Consell de Francisco Camps.
La Generalitat valenciana se reafirmó ayer en la "legalidad" de su orden de Ciudadanía en inglés -que también han recurrido CC OO y STEPV- por considerar que es "plenamente legal y cumple todos los requisitos de la legislación vigente, mientras los tribunales no digan lo contrario".
La subsecretaria autonómica, Concha Gómez, fue más lejos y acusó al Gobierno socialista de "pretender saltarse las normas autonómicas porque no resultan de su agrado". Gómez remató: "La orden es taxativa: la lengua en que se imparte Ciudadanía es exclusivamente en inglés y se ofertarán dos opciones. Quien impida su cumplimiento tendrá que atenerse a las consecuencias legales".
Los sindicatos coincidieron ayer en que la decisión del Ministerio de Educación de recurrir la orden prueba que la orden es "claramente ilegal" resumió Albert Sansano, del STEPV, quien confía en que "la suspensión cautelar dé oxígeno al sistema educativo valenciano".
"Nos alegramos mucho de que por fin el ministerio comprenda lo que ocurre en la Comunidad Valenciana. Los tiempos corren ya a favor de la suspensión cautelar que interpusimos ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano y que, ahora, también solicita el ministerio", puntualizó Luis García Trapiello, de CC OO.
Gerardo Fernández, de Fete-UGT, añadió que "el recurso del Gobierno era necesario para ayudar a los profesores, directores y centros valencianos que se oponen a aplicar una orden que puede vulnerar hasta tres normas autonómicas y estatales".
La Asociación Profesional de Directores del País Valenciano se congratuló por el respaldo a la petición formal a la Generalitat, realizada el miércoles, para que diera garantías jurídicas por escrito de que los profesores no violarán la ley si aplican la orden valenciana, de la que no han obtenido respuesta alguna.
La Ley Orgánica de Educación permite la implantación gradual de la asignatura de Educación para la Ciudadanía entre este curso y el próximo. Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña, Andalucía y Extremadura han sido las siete primeras comunidades en impartirla, y el resto tendrá que hacerlo en septiembre. Según la secretaria de Estado, la orden valenciana "perjudica a los alumnos, al negarles un derecho que ya han ejercido 200.000 jóvenes de siete comunidades. Las familias, los centros y alumnos han demostrado una responsabilidad de la que el Gobierno valenciano carece", sentenció la secretaria de Estado de Educación.
2008-07-08 11:27:14
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anonimo
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En democracia debe de prevalecer la opinion de la mayoria, y ante el atropeyo y la irresponsabilidad del gobierno valenciano de dar esta asignatura en ingles, prevalecera la inmensa mayoria de los ciudadanos, a ver si estos aprendices de gobernantes les vale esta leccion, y de ahi se saque la conclusion de que la asignatura de educacion para la ciudadania es necesaria hasta para ellos. pues en educacion y respeto a las leyes, dejan mucho que desear estos gobernantes valencianos de pacotilla.
2008-07-09 16:46:03
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anonimo
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Miles de alumnos piden matrícula de Ciudadanía en una lengua oficial
Educación archivará las quejas contra la orden de estudiar en inglés
Prácticamente todos los alumnos que hasta ayer ya habían formalizado su matrícula para cursar 2º de ESO en septiembre en 150 institutos públicos (de los 358 que hay) reclaman a la Generalitat su derecho a estudiar la materia de Educación para la Ciudadanía en una de las dos lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana: el valenciano y el castellano.
"¿Cómo se puede imponer inglés en un curso con el 35% de fracaso escolar?"
Y se niegan a hacerlo en inglés, como impone la orden autonómica firmada por el presidente Francisco Camps, que ya ha sido recurrida por CC OO, el STEPV, UGT y el Gobierno. A través de una instancia elaborada por la Confederación de Padres de la Escuela Pública Gonzalo Anaya, también exigen su derecho a aprender el temario aprobado por el Ministerio de Educación para toda España; y rechazan la "opción B", redactada en comunión con la Confederación de Padres Católicos, que garantiza a las familias que objetan el curriculo del Gobierno tutelar desde casa lo que deben o no estudiar sus hijos.
Las familias de los aproximadamente 12.000 alumnos matriculados hasta ahora en segundo de ESO en centros públicos advierten de que no cejarán en su empeño hasta que "se respeten sus derechos fundamentales a estudiar en las lenguas vehiculares reconocidas constitucionalmente", resumió ayer la vicepresidenta de la Confederación Gonzalo Anaya, Gemma Piqué, en rueda de prensa con todos los sindicatos del sector público. "El inglés no es una lengua vehicular reconocida para impartir íntegramente las enseñanzas regladas destinadas a la obtención del título. Una materia se puede dar en inglés de forma voluntaria y a petición de los centros, según la normativa estatal y autonómica vigente; pero no imponer", zanjó Piqué. Es el mismo argumento defendido el viernes, sin éxito, por la Asociación de Directores ante la secretaria autonómica, Concha Gómez.
"La orden está para cumplirla. Lo demás es insumisión", insistió Gómez. "El PP se opuso a la asignatura y ahora defiende el derecho de las familias a objetarla"."¿Que si la opción B defiende la opción de los padres objetores? Sí. El PP era contrario a esta asignatura y así se lo dijimos al Gobierno. Pero no nos escucharon y ahora tenemos estos problemas", se respondió a sí misma Concha Gómez, agobiada por las preguntas sobre el posible "trato de favor" y la "discriminación de la Administración en favor de la opción de los padres que no quieren que estudien determinados temas que consideran muy sensibles". "Todos tenemos derechos, los padres de una determinada ideología y los que objetan, el Consell los trata a todos por igual", dijo la secretaria autonómica de Educación.
La igualdad de derechos y trato no pasa, según Gómez, por la posibilidad de atender las reclamaciones de las familias de la escuela pública que exigen "su derecho fundamental a estudiar en las lenguas vehiculares reconocidas oficialmente". No autorizará la matrícula en valenciano o en castellano. Ni cederá en su empeño por imponer el inglés como idioma vehicular de Educación para la Ciudadanía. Visiblemente molesta con todo aquel que trate de salirse de la hoja de ruta política del Consell, advirtió: "No sé si hemos entendido cómo funciona un Estado de Derecho. Mientras no haya un pronunciamiento judicial, todo lo que no sea cumplir la norma es insumisión".
Gemma Piqué, vicepresidenta de los padres de la escuela pública le recordó que "es totalmente lícito pedir que se imparta Ciudadanía en las dos leguas oficiales porque así lo recogen la Ley Orgánica de Educación 2/2006 y el Decreto 112/2007 de la consejería". Y la acusó de azuzar la "división de las familias" y "perjudicar la imagen de la escuela pública" como si fuera la promotora de la objeción. En la misma dirección, Vicent Mauri, del STEPV, denunció que "el PP es el que alienta el movimiento de padres contrario a la asignatura y da cobertura legal a familias de ideología conservadora".
Manolo Picó de CC OO, Guillermo Martí, de Fete-UGT, y Mauri coincidieron en que "la suspensión cautelar" que han pedido es porque consideran que la postura del Consell "es un sabotaje político" a la ley estatal. "Se llega al extremo de dar cobertura a familias de cierta ideología, que dentro de un año pueden plantear suprimir materias como Filosofía o Biología, si son consideradas injerencias en la educación de sus hijos".
Picó advirtió de que "en ciertos centros privados y concertados provocará un enfrentamiento entre los padres que elijan el temario oficial y los de la opción B, porque siguen siendo objetores de la materia". Martí remató que toda la orden es "una cortina de humo para tapar los 1.300 barracones del sistema público, la masificación y los 22 colegios que deberían estar construidos para escolarizar a 11.000 inmigrantes, lo que supone 500 unidades más que aún falta por hacer". "¿Cómo puedes imponer el inglés en 2º de ESO, en un nivel con una tasa de fracaso escolar del 35%?", se preguntó.
2008-07-09 17:15:02
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anonimo
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POLÍTICA EDUCATIVA
El Consell considera insumisos a los más de 5.000 padres que rechazan que Ciudadanía se dé en inglés
El Gobierno de Francisco Camps considera insumisos a los más de 5.000 padres que rechazan que a sus hijos se les imparta en inglés la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía (EpC).
R. MONTANER, VALENCIA Así lo hizo saber ayer la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, quien advirtió a los padres rebeldes que, mientras no haya un pronunciamiento judicial en contra de la orden del Consell, "la normativa está vigente, hay que cumplirla y lo contrario es insumisión".
Mientras que para los padres que exigen que la EpC sea en una de las dos lenguas oficiales de la C. Valenciana, Gómez no tiene otro discurso que el de dura lex, sed lex y el mensaje de "no sé si hemos entendido como funciona el Estado de derecho", para aquellos que han objetado a la asignatura por considerarla una injerencia del Estado en la educación de su familia, el tono del mensaje cambia.
Así, en relación con este grupo de padres objetores, la secretaria autonómica, defendió que la conselleria de Educación haya establecido dos opciones para aprobar la materia, "la A para los padres que piensen que EpC no supone una injerencia y otra para los que sí lo creen". Esta otra, supone que los padres puedan seleccionar los temas que deben estudiar sus hijos, que simplemente con hacer trabajos y sin asistir a clase podrán aprobar.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Valencia, Gemma Piqué, criticó ayer el doble rasero del Consell: "Si se va a atender la objección, la supuesta insumisión también se debería atender". Piqué, tras avanzar INFORMACION que Educación archivará todas las peticiones de los padres insumisos, anunció que ya tienen preparado "una oleada de denuncias individuales de padres contra la EpC en inglés que presentarán en cuanto comience el curso.
2008-07-09 17:22:19
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anonimo
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confederación gonzalo anaya de APA's
«El Consell vulnera el derecho de igualdad»
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El Consell considera insumisos a los más de 5.000 padres que rechazan que Ciudadanía se dé en inglés. Alicante
La Confederación Gonzalo Anaya de APA's considera que la Generalitat Valenciana vulnera el derecho de igualdad y demuestra que los mandatarios valencianos no gobiernan para todas las familias, sólamente para las que siguen su credo conservador, segun se indica en un comunicado.
EFE Así lo ha demostrado con la materia de Educación para la Ciudadanía al dar cobertura, por un lado, a los padres que incumplen la ley como los objetores a EpC con la opción B y, por contra, al ignorar y repudiar a los que exigen el derecho a la educación en la lengua propia en una materia nueva en la enseñanza como es EpC.
Por ello, los representantes de las AMPA de la escuela pública denuncian el trato discriminatorio que se ha evidenciado con el anuncio de la Secretaría Autonómica de Educación Concha Gómez, de dejar olvidadas en un cajón las más de 5000 solicitudes de madres y padres que quieren que sus hijos y hijas estudien la materia en valenciano o en castellano.
Una vez más, manifiestan que impartir una asignatura en un idioma que no domina el alumnado, por la falta de medios y profesorado de idioma extranjero, es una manera de invalidarla de facto, como lo es también el hecho de eliminar del temario aquellos temas "tabú" para la educación católica y apostólica como por ejemplo la sexualidad, la diversidad social y la convivencia.
Otro fraude de ley es el hecho de ofrecer la posibilidad de aprobar la materia con un trabajo trimestral, sobre un tema elegido por los padres, amparando la objección.
Por ello, la Gonzalo Anaya denuncia que la orden valenciana de EpC es una "burla" a los valores democráticos y a la educación pública, como lo son también las continúas declaraciones de Fuente de Mora que atentan contra la participación en la escuela de los padres y madres.
También denuncian el atentado del gobierno autonómico a la participación y al movimiento asociativo de padres y madres de la escuela pública al manifestar públicamente que la Confederación Gonzalo Anaya de APA no tiene representación tratando de borrar la legitimidad que le otorgaron las urnas de las elecciones a consejos escolares, fruto del trabajo intenso de FAPA-València, FAPA Castellón Penayagolosa y FAPA Enric Valor Alacant.
Estas declaraciones que intentan poner en duda la representatividad de la Gonzalo Anaya caen por su propio peso ya que la organización cuenta con la adscripción de más de un millar de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública a las Federaciones, datos contrastados en los censos que le convierten sin lugar a dudas en el ente mayoritario.
Por estas agresiones constantes a la enseñanza pública y al movimiento asociativo de padres y madres de alumnos, la Confederación Gonzalo Anaya de AMPA espera que el Tribunal ilegalice la orden de Educación para la Ciudadanía parar evitar que miles de escolares de segundo de ESO sean víctimas de la utilización política de la educación por parte del gobernantes autonómicos.
2008-07-09 18:28:05
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anonimo
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2008-07-15 11:48:25
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anonimo
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Esto es un foro de opinión. Si quiero leer notcias me compro el periódico.
2008-07-16 17:05:46
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anonimo
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EDUCACION PARA LA CIUDADANÍA SI.
EN INGLÉS NO.
Y SI QUIEREN EN INGLES, QUE PONGAN LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN INGLÉS. ¿A QUE NO TIENEN H.....?
2008-07-30 13:44:53
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anonimo
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"Como cualquier asignatura"
De modo que EpC en la Comunidad se iniciará el curso que viene según el decreto del Consell sobre Secundaria -que no la orden de EpC- "como cualquier otra asignatura". Así lo especifica la sala y lo remarcó CC OO tras conocer el auto, sindicato que exigió tanto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como al vicepresidente, Vicente Rambla, al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y a la secretaria autonómica Concha Gómez que "si quieren atacar al Gobierno de España cojan el AVE, las infraestructuras o lo que sea pero que dejen en paz al sistema educativo que atiende a la población más débil, los niños". El secretario de la federación de enseñanza, Manuel Picó, instó al Consell a "reflexionar porque tienen a toda la comunidad educativa dispuesta a pactar mejoras reales para el sistema. Nosotros hemos luchado y conseguido defender la dignidad y los derechos laborales del profesorado, así como los derechos básicos del alumnado", dijo.
Fete-UGT valoró el auto como "la punta del iceberg de las múltiples sentencias que van acaer sobre la conselleria como consecuencia de los recursos de UGT, CC OO, STEPV y del Gobierno, a los que se sumarán más después de agosto, que es inhábil". También criticó el carácter "estrictamente político, que no educativo, de la normativa". Y finalmente el STEPV pide al Consell que tome "buena nota de este revés y asuma responsabilidades políticas que eviten el conflicto permanente en Educación".
"POR FIN PRIMA EL SENTIDO COMUN"
"menudos dirigentes tenemos en la comunidad"
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